La incertidumbre y el miedo persisten en la Central de Abasto de Toluca a casi dos semanas del homicidio de nueve comerciantes al interior de la zona conocida como La Isla en la nave H; y la detención de los integrantes de la mesa directiva.
Por ello, condóminos se manifestaron este viernes frente a las oficinas administrativas para exigir respuesta, pues reconocieron que las amenazas son una constante en el lugar.
“Por comentarios de muchos compañeros de nuestro gremio, algunos fueron amenazados y eso no dicho por mí, dicho por algunos de los compañeros. Entonces, nosotros ya necesitamos liberarnos y necesitamos tener un centro de trabajo en paz, tranquilo; con la seguridad, primero de nosotros, segundo de nuestros clientes y tercero, de toda la sociedad y de la comunidad de Toluca y de todo el Estado de México”.
Señalaron que las ventas han bajado entre 50 y 70% desde el multihomicidio de dos familias, por lo que exigen la renovación de la mesa directiva, toda vez que el presidente y el tesorero de la actual administración están acusados de ser los autores intelectuales del crimen.
“Nosotros ya no podemos seguir viviendo en este clima de incertidumbre. En estos momentos nosotros tenemos toda la capacidad y la personalidad para poder convocar nosotros a una asamblea de elección, si es necesario, y establecer una nueva mesa directiva. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en los actos que haya cometido o no la Mesa Directiva”.
Además, los condóminos y comerciantes exigen que se permita que las labores de vigilancia las lleven a cabo elementos de seguridad pública para evitar que en la zona se vuelva a cometer un homicidio.
Guardia Nacional llega a la Central de Abasto
Integrantes de la actual mesa directiva señalaron que, desde el homicidio de nueve personas el 10 de julio, la Guardia Nacional así como elementos de la Policía Estatal y de la municipal han reforzado las labores de vigilancia dentro de la Central de Abasto de Toluca.
El periodo de la administración actual de la zona que surte de materias primas al Valle de Toluca, culmina en abril del próximo año por lo que prevén hacer elecciones conforme a los estatutos y dar tiempo a que se confirmen las plantillas que competirían por la dirección.
“Lo de menos sería que nosotros nos hubiéramos echado a correr cuando ocurrieron estos hechos, nosotros estamos dando la cara, aquí estamos de frente, no tenemos grupo de choque, no estamos en contra de nuestros compañeros, estamos dispuestos a hacer una asamblea en tiempo y forma para darle cuentas a nuestros compañeros condóminos, a los verdaderos condóminos, no a ambulantes, tianguistas… porque aquí, finalmente, la asamblea es de condóminos”.
El multihomicidio de nueve
La madrugada del 10 de julio, sujetos armados entraron a la zona conocida como La Isla para balear a 10 personas e incendiar el lugar. Las cámaras de vigilancia fueron apagadas al momento de la agresión.
De las víctimas, nueve fallecieron, entre ellas tres menores de edad.
Al momento suman nueve personas detenidas por estos hechos, cinco señaladas como autores intelectuales y cuatro más por impedir el acceso de la policía al lugar tras el llamado de auxilio.
Esta semana los nueve fueron vinculados a proceso. Se trata de Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N”, quienes desempeñaban cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente, así como David Jehuel “N”, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central.
También fueron vinculados a proceso Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto.
La Fiscalía General de Justicia del Edomex informó que se cuenta con indicios que establecen que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra.
Sin embargo, los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.
