En la comunidad de San Juan Atzingo, en Ocuilan, la tala ilegal del Bosque de Agua es más que un problema ambiental: es una lucha diaria contra el crimen organizado y la corrupción. Lo que dio paso dijeron, a la narcotala.
Los comuneros de la zona recriminan a las autoridades, incluida la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) la falta de acción y combate frontal a esta problemática que no sólo deja cerros pelones, sino mala calidad del aire y crisis de agua.
Con la narcotala, se derriba un promedio de 200 árboles diario sólo en una porción del Bosque de Agua que es vital para la recarga de acuíferos de Ciudad de México, Estado de México y Morelos.
Al respecto, Alejandro Sánchez Vélez, director general de Probosque, señaló que está del lado de los ejidatarios y comuneros, por lo que considera que es necesario que se modifiquen las leyes porque la tala no es un delito grave, por lo que excesiva reclasificarse el delito y para ello deben aprobarlo los diputados federales y estatales.
Además de que están pugnado por tener más recursos para el próximo año y aumentar la sinergia con todas las dependencias estatales que tengan injerencia en el tema de protección a recursos estatales.
“Necesitamos esencialmente un Estado de Derecho, necesitamos el imperio absoluto de la ley para que esta gente que está haciendo las cosas, hay crimen organizado porque hay dinero fácil”.
Sin embargo, lamentó que Probosque -desde 2017- no tiene facultades de inspección y vigilancia en materia de delitos ambientales, por lo que es la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (Profepa), la que tiene l responsabilidad.
“Hacen su mejor esfuerzo, no voy a denostar el trabajo que hacen, pero es tan grande el problema que necesitamos que entren y actúen un montón de instituciones como la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina, los fiscales, los ministerios públicos. No es tan sencillo el asunto”.
“Nos dejaron solos contra la narcotala”: Comuneros
Luis Alejandro Anselmo, integrante del comisariado de San Juan Atzingo, perteneciente al municipio de Ocuilan, señaló que son apenas unos cuantos comuneros quienes intentan defender el Bosque de Agua de la narcotala, pero no es suficiente.
“Nos preocupa la tala, hace quince días veníamos de un recorrido y nos agredieron y chocaron nuestro vehículo. Nosotros sí recorremos nuestro territorio, porque sí lo queremos cuidar, pero cuatro personas que somos y caemos en problemas con 20 o 30 talamontes”.
A la fecha, los comuneros han detectado nombres de responsables y ubicación de los 20 aserraderos clandestinos, en las localidades de Santa Martha y Santa Lucía, donde convierten la madera en tablas y vigas que son cargadas en camiones.
“No tenemos porqué padecer la sequía, es por la tala y no vamos a culpar a nadie más sino a las fiscalías que es a las que les corresponde, ya les hicimos croquis, les pasamos coordenadas, dónde talan y todo, no se ha hecho caso. Nos mandan a traer y nos hacen presuntas que parece que no saben qué están haciendo”.
Recriminaron que, a que hay una base de la Secretaría de la Defensa Nacional, dejan pasar a los talamontes sin detenerlos, aunque detecten la madera ilegal.
Asimismo, lamentaron que vienen tiempos de campañas electorales en que se promete un combate a la tala clandestina, pero la realidad se traduce a años de abandono.
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