El Operativo Atarraya en barberías resultó este fin de semana en la clausura de 312 establecimientos en 20 municipios del Estado de México, según informó la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM). La dependencia argumentó que estos negocios estaban vinculados con el trasiego de narcóticos y la vigilancia de operativos policiales.
Sin embargo, al menos tres locatarios denunciaron que agentes de la fiscalía les sembraron droga durante los cateos para justificar los cierres.
En Toluca, una barbería ubicada en Santiago Miltepec difundió un video en el que se observa a un elemento manipulando un envoltorio sospechoso dentro del local.
Ante estas acusaciones, la FGJEM anunció que abrirá una investigación interna.
Denuncias de siembra de droga en el Operativo Atarraya en barberías
Tres propietarios en Toluca, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli acusaron a las autoridades de sembrar drogas en sus barberías.
Incluso difundieron videos de seguridad donde presuntamente agentes dejan droga en los locales antes de la inspección.
“Exigimos justicia. No pueden cerrar negocios sembrando pruebas”, declaró uno de los afectados.
La FGJEM afirmó que revisará los procedimientos y determinará si hubo irregularidades. Mientras tanto, los locatarios anunciaron manifestaciones para exigir transparencia en el operativo.
Detectan franquicia ligada a ‘El 20’
Entre los establecimientos asegurados, las autoridades identificaron al menos tres vinculados a una franquicia “Hooligans” presuntamente ligada a Néstor Arturo N., alias “El 20”.
Este individuo es señalado como líder del grupo criminal “Nuevo Imperio”, una escisión del Cártel de Sinaloa que opera en varios municipios del Estado de México y en la Ciudad de México.
La FGJEM detalló que esta red delictiva estaría detrás del control de barberías utilizadas como puntos de venta de narcóticos y centros de operación para actividades ilícitas.
El Operativo Atarraya en barberías se suma a una serie de acciones previas en las que se aseguraron más de 500 bares y chelerías en el Estado de México.
Mientras las investigaciones continúan, los locatarios afectados exigen justicia ante lo que consideran un abuso de autoridad.
