Durante años, en colonias populares y fraccionamientos nuevos del Estado de México, vecinos denunciaron la llegada de supuestos “sindicatos” que tomaban casas, exigían cuotas y amedrentaban a familias completas. Bajo esa fachada se escondía una red de ocupación ilegal de inmuebles que ahora ha comenzado a desarticularse gracias al Operativo Restitución, desplegado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Quince líderes sindicales han sido vinculados a proceso penal por su probable participación en delitos como despojo, extorsión y secuestro exprés. Además, tres notarios públicos y nueve funcionarios de gobiernos municipales y estatales enfrentan acusaciones por presuntamente facilitar o legalizar estos actos a través de trámites irregulares. Las organizaciones señaladas operaban bajo nombres como “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300” o “Los 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”.
Cómo operaban los “sindicatos” del despojo
El Operativo Restitución ha documentado que el mecanismo iniciaba con la toma física del inmueble. Integrantes de las organizaciones ingresaban —a veces cuando la vivienda estaba sola, otras expulsando a sus habitantes— y, una vez dentro, se presentaban como representantes sindicales. Enseguida mostraban supuestos papeles legales o contratos de compraventa, frecuentemente falsificados o sin sustento notarial.
A la amenaza directa le seguía la extorsión: exigían dinero para devolver la propiedad o “permitir” que las personas permanecieran en ella. En muchos casos, el respaldo no solo era físico o intimidatorio, sino administrativo.
Las carpetas de investigación señalan que funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Catastro, facilitaron registros ilegales o autorizaron trámites sin verificar la autenticidad de la documentación.
Amenazas, armas y papeles apócrifos
Uno de los casos más representativos ocurrió en Tecámac, donde José Carmelo N., presunto operador de “USON”, y otras diez personas, habrían amenazado a una mujer en su propia casa para obligarla a pagar una cuota. Abigail N. también fue vinculada a proceso por este hecho. En Ecatepec, Gabriela N. fue señalada por ingresar a un domicilio desocupado y extorsionar a la dueña con amenazas armadas. En otro punto del mismo municipio, tres hombres expulsaron a un propietario con violencia y sin mostrar documento alguno.
Trámites exprés desde adentro
El Operativo Restitución también reveló que las estructuras delictivas no actuaban solas. Nueve funcionarios públicos están implicados por autorizar movimientos ilegales: desde registradores y analistas del IFREM hasta directores de Desarrollo Urbano en Lerma y Coacalco, una jefa de mercados en Chimalhuacán y un exdirector de Catastro de Ecatepec. Se les acusa de permitir transferencias de propiedad con documentos apócrifos, aun cuando había alertas institucionales activas.
A esto se suman tres notarios públicos —dos con sede en Toluca y uno en Ecatepec— por su presunta participación en la legalización de actos traslativos de dominio sin ratificación de firmas o con irregularidades evidentes en contratos y poderes notariales. Las audiencias para imputarlos se celebrarán entre el 10 y el 27 de junio.
Despojo con patrullas, cuotas y protección local
En Ecatepec, Hugo Francisco N., dirigente del grupo GOPEZ, fue vinculado por extorsión agravada. De acuerdo con la denuncia, habría utilizado su relación con elementos municipales para detener ilegalmente a una persona, a quien después exigió dinero para devolverle su casa. En Zumpango, tres personas están acusadas de retener a dos ciudadanos durante una hora para impedirles ejecutar una sentencia judicial de restitución. Según la Fiscalía, los amenazaron diciendo: “estamos con la maña”.
La estructura también operaba en Valle de Chalco. Una mujer denunció que Brandon Salvador N., alias “El Gastoncito”, líder de “Los Gastones”, le exigía tres mil pesos mensuales como “cuota de protección”, bajo amenazas contra ella y su hija. Además, enfrenta cargos por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En Chalco, Víctor Heladio N., alias “El Taz”, y Lourdes Yohana N., fueron vinculados por despojo tras ingresar con otros sujetos a una vivienda donde dos de sus acompañantes fueron abatidos por familiares de la víctima. “El Taz” ya tenía un proceso abierto por extorsión.
El Operativo Restitución rompe la fachada sindical
Detrás del discurso de defensa de derechos laborales y vivienda digna, estas agrupaciones combinaron ocupaciones violentas, cobros ilegales y validación institucional. Lo que comenzó como una “gestión social” terminó siendo un sistema de despojo con alcance estatal.
El avance del Operativo Restitución ha mostrado que la red no sólo se sostenía en la calle. Se construía también desde notarías, direcciones administrativas y oficinas de registro.
Según la Fiscalía, aún no desmantelan por completo la estructura, pero ya aparecen las primeras grietas. El reto ahora es identificar cuántas puertas más —públicas o privadas— permanecen abiertas.
