La historia de Ayotzinapa suele resumirse en un número: 43. Son los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que permanecen desaparecidos desde la Noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Pero esa noche hubo más víctimas: al menos 9 personas asesinadas y 27 heridas. Entre ellas estaba Julio César Mondragón Fontes, un joven padre mexiquense de 22 años, hallado con el rostro desollado y fracturas en todo el cuerpo.
Julio César apenas había ingresado a la Normal de Ayotzinapa. Esa noche alcanzó a llamar a la madre de su hija para decirle que estaban siendo atacados. Después, nada. Al amanecer, su cuerpo apareció cerca del C-4 de Iguala. A diferencia de sus compañeros desaparecidos, su cadáver fue localizado y esa diferencia lo condenó al olvido: no está en el conteo simbólico de los 43, aunque fue víctima de la misma violencia.
La familia Mondragón Fontes recuerda que las cámaras de ese centro de vigilancia fueron volteadas hacia arriba justo cuando dejaron el cuerpo, lo que habría permitido identificar a los responsables. Once años después, esa línea de investigación nunca se abrió y la impunidad se mantiene intacta.
“Cada que pasa el tiempo y no hay justicia, es como si a la herida le echaran sal. Duele más”, dice Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio. “Lo dejaron tirado a unos metros del C-4 y casualmente las cámaras no registraron nada. ¿Quién las controlaba? El Ejército. Y eso nunca se investigó”.
El dolor se acompaña de un estigma: desde el inicio, autoridades y medios lo vincularon falsamente con grupos criminales.
“A Julio lo criminalizaron, quisieron hacernos creer que se lo merecía. Pero nadie se merece morir así. En México no está permitida la pena de muerte, mucho menos por rumores”, reclamó.
Ayotzinapa, verdad y tortura
La paradoja es doble: mientras Julio César fue asesinado con brutalidad, la llamada “verdad histórica” se construyó con testimonios arrancados bajo tortura. Esa práctica mantiene al exprocurador Jesús Murillo Karam sujeto a proceso por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Aunque un juez le concedió la prisión domiciliaria en 2024, continúa enfrentando cargos penales y recursos de amparo.
“Si al final se comprueba que esas investigaciones no sirven, tenemos derecho a réplica. Queremos la verdad completa, no versiones a modo”, exige la familia Mondragón Fontes.
La exigencia sigue
Para los Mondragón Fontes, once años después, la herida no cierra y la indiferencia institucional alimenta la rabia. Piden que el caso de Julio sea reconocido como parte de la tragedia de Ayotzinapa, que se abran las líneas de investigación contra el Ejército y que la tortura sea tipificada como un delito más grave que el homicidio.
“No sólo fueron 43. Julio también fue víctima de esa noche. Lo que pedimos es que se sepa toda la verdad y que haya justicia, porque sin eso, la impunidad seguirá marcando generaciones”, advirtió Cuitláhuac.
