A un año de la despenalización, el aborto en Edomex continúa marcado por obstáculos que van desde la objeción de conciencia hasta la falta de medicamentos, la discriminación y la aplicación desigual del servicio entre municipios. Es el balance presentado por colectivas y acompañantes durante el foro convocado por Marea Verde Edomex, donde se expusieron las brechas entre la norma y la realidad en hospitales públicos.
En el encuentro, defensoras de derechos reproductivos explicaron que el acceso sigue condicionado por prácticas internas que retrasan decisiones o desincentivan la atención. La falta de claridad en los procedimientos, la persistencia de sesgos morales, la desinformación sobre plazos y la ausencia de personal no objetor forman parte de un escenario que limita el ejercicio del derecho, sobre todo para adolescentes, mujeres indígenas, personas en movilidad humana o usuarias que requieren adaptaciones específicas.
Obstáculos que mantienen rezagado el aborto en Edomex
Maribel Luna Martínez, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que el seguimiento realizado durante el primer año ha permitido ubicar los puntos donde la ruta se rompe.
“Persisten muchas barreras derivadas de protecciones morales y religiosas que no tendrían cabida en un contexto de Estado laico, además encontramos falta de conocimiento del personal sobre lo que implica la objeción de conciencia y sobre los procesos que deben seguirse para garantizar la atención.”
Acompañantes también advirtieron que en varios hospitales la negativa no siempre se presenta como objeción. En su lugar se recurre a argumentos como falta de insumos, desconocimiento de los plazos o exigencia de requisitos inexistentes, lo que vuelve confuso el acceso.
Señalaron además que en unidades como el Hospital Mónica Pretelini algunas mujeres han sido enviadas a módulos con orientación contraria a los derechos reproductivos aun cuando requieren atención urgente por agresión sexual.
La falta de medicamentos y de kits de profilaxis, la desigualdad territorial en la atención, el temor a sanciones institucionales y la ausencia de lineamientos claros se suman a un escenario donde la despenalización legal no garantiza acceso pleno.
Colectivas señalaron que mientras no se legisle la cláusula de objeción de conciencia y no se asegure personal no objetor en todas las unidades, el derecho seguirá dependiendo del turno, del hospital y del municipio.
