Por: Jorge Hernández
Toluca, México.- Tierra. Los negocios inmobiliarios necesitan tierra. La tierra de otros. Eso pasa con todas las fraccionadoras que compran a preciso de risa terrenos en comunidades rurales o impulsan el cambio de uso de suelo para quedarse con la tierra.
Los defensores de los bosques del municipio de Jilotzingo han implementado por años la defensa de sus bosques contra las inmobiliarias que intentan construir fraccionamientos en esos terrenos.
La defensa más emblemática es la de Bosque Diamante, un polígono de 238 hectáreas que alberga a unos 200 mil árboles. Desde hace cinco años, la empresa Bosque Avivia intenta quedarse con esas tierras, ubicadas en el Cerro del Gato, en los límites de Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza.
Los dueños de esa empresa son Ricardo Funtanet Mange y el notario número 44 de Tecamachalco, Estado de México, Alejandro Eugenio Pérez Teuffer Fournier.
Ellos forman parte de un grupo de políticos dedicados a hacer negocio con las tierras de Jilotzingo y han intentado de todo para llenar de fraccionamientos a este municipio. Incluso, intentan fraccionar un área protegida, Villa Alpina, a la que han metido a talamontes disfrazados de “vecinos” para talar primero en pequeña escala y allanar el camino para las fraccionadoras.
¿A nadie le suenan los apellidos Funtanet Mange y Fournier? Son familias que han ocupado cargos políticos de primer nivel en el Estado de México y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y mantienen nexos con el grupo político del gobernador Alfredo de Mazo, quien les debe todo, o casi todo, porque ellos pagaron una buena parte de la campaña que lo llevó al poder en 2017.
Y por eso es que el gobernador Alfredo del Mazo ha salido a escena, para intervenir en la decisión de un juez décimo de distrito, que había decidido a favor de los defensores de Bosque Diamante y suspendido el megaproyecto de los Funtanet-Fournier.
Ese fallo fue emitido el 20 de abril pasado y obliga al gobierno del Estado de México a proteger la reserva Espíritu Santo, otra enorme extensión de bosques y biodiversidad que ha permanecido “fuera de la ley” hasta ahora, a merced de los fraccionadores.
Del Mazo ha objetado la victoria de los defensores porque ha interpuesto un recurso de revisión en contra de la sentencia del juez, que pretende echar abajo, pero ha escogido un mal momento y un mal lugar, porque ha emprendido esa acción en plenas campañas electorales y además ha abordado un tema que hasta el más tardo de luces puede calificar de gandalla y abusivo.
A Del Mazo lo presionan sus amigos Funtanet-Fournier para que les haga un paro fuera de toda proporción y cuyo resultado incidirá de manera directa en la campaña de la priista Alejandra del Moral, y lo hará tanto que hasta Delfina Gómez, la candidata de Morena, abrió el 15 de mayo un foro público a los defensores para que expusieran la situación.
Así lo hicieron y ahora Del Mazo será relacionado con Claudio X. González, el acérrimo enemigo del presidente López Obrador, porque el empresario usó a los defensores para obtener información de las tierras y los movimientos legales que implementaron para dárselos a los invasores.
No hay forma de que el caso completo no se dé a conocer ni manera en la que Del Mazo salga bien, gane o pierda.
Delfina lo usará políticamente y desde su arena lo convertirá en un tema electorero que le servirá para ganar una elección que parece ya decidida. Que resuelva como gobernadora los aspectos fundamentales del bosque y el agua será otra cosa.
Las elecciones en la entidad no han despertado ningún interés en la ciudadanía, o es muy poco. Los morenistas afirman en lo público que llevan hasta 20 puntos de ventaja sobre Alejandra del Moral, pero esta semana ha comenzado una operación de gran calado en el Estado de México que involucra a senadores, diputados locales federales y estatales y alcaldes en la elección mexiquense.
La movilización implica una inyección de recursos económicos que será pagada por esos funcionarios, que ya desplazan operadores a distintas zonas.
En Tenancingo, por ejemplo, es esperado el diputado federal Manuel Vázquez Arellano para que se haga cargo de esa región. El suyo es un caso muy particular. Es señalado por sobrevivientes de Ayotzinapa –él era alumno de esa normal– como uno de los involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Es señalado por familiares de chicos asesinados, por activistas, por periodistas, por quienes lo conocieron en algún tramo de estos últimos ocho años y por quienes convivieron con él antes de Iguala.
Ahora, en Tenancingo, los morenistas están ocupados en conseguirle casa para que viva ahí algunos días y “coordine” las operaciones electorales.
Señado de ser infiltrado en Ayotzinapa, el diputado no ha tomado en cuenta que en Tenancingo vive la familia Mondragón Fontes, a la que pertenece el normalista Julio César Mondragón, asesinado cruelmente en Iguala en 2014.
El diputado no ha respondido a los señalamientos que le hace la familia acerca de su responsabilidad en esos hechos.
Ahora estará ahí, en la tierra de Julio César, a quien desollaron en vida, lo torturan y por fin ejecutaron a 400 metros del C4 de Iguala.
¿En qué piensa el diputado Manuel Vázquez Arellano cuando ha aceptado irse a Tenancingo? En su negro y endurecido corazón debe haber alguna respuesta.
