La mañana de este martes, 21 presuntos extorsionadores fueron detenidos en el municipio de Santiago Tianguistenco luego de que comerciantes los acusaran de cobrar “derecho de piso”.
Fue alrededor de las 08:30 horas cuando, vía telefónica, se solicitó el apoyo de la policía municipal de Tianguistenco en la Central de Abastos pues “comerciantes de Toluca intentaban adueñarse de los espacios y extorsionar a quienes trabajan en el lugar”.
Al punto llegaron elementos de la policía municipal y de la estatal, quienes en primera instancia lograron el aseguramiento de 10 personas.
Tras varios minutos de operativo, se trasladó a un total de 16 hombres y cinco mujeres, acusados de extorsionadores en Tianguistenco, al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y se deslindaran responsabilidades.
Extorsiones en el Edomex
La extorsión es uno de los delitos que ha incrementado en el Edomex en los últimos años.
El año pasado la entidad cerró con 4 mil 411 denuncias, la cifra más alta del sexenio actual, en comparación con los 3 mil 302 registrados en 2021, lo que representa un incremento del 28.8 por ciento.
Aunque este delito también registra una cifra negra muy alta.
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En ese sentido, cabe señalar que, las personas que, a través de extorsiones, obliguen a comerciante mexiquenses a fijar precios por encima de los establecidos en el mercado, podrán recibir una pena de hasta 20 años de prisión, esto luego de la aprobación de las reformas que el Congreso del Estado de México realizo sobre el Código Penal estatal.
Las modificaciones se efectuaron sobre el artículo 199 del Código Penal mexiquense por lo que las personas que lleven a cabo este tipo de actos deberán pasar de entre seis y 10 años en prisión acompañado de una multa de mil a mil 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que actualmente se traduce en más de 150 mil pesos.
En caso de que se compruebe que los responsables forman parte de algún grupo delictivo, el castigo podría ser de siete a 15 años con una sanción económica de mil 300 a dos mil UMAs.
Si el delito lo comete algún funcionario público, éste será acreedor a una condena de ocho a 20 años.
