El trabajo infantil afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en México. Aunque las tasas han disminuido en los últimos años, el Estado de México se mantiene como la entidad con mayor número absoluto de menores trabajando, debido a su densidad poblacional y condiciones persistentes de desigualdad.
De acuerdo con la profesora Itzel Arriaga Hurtado, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el trabajo infantil está permitido entre los 15 y 18 años siempre que sea remunerado y bajo condiciones dignas. No obstante, explicó que su prevalencia está vinculada a contextos estructurales de vulnerabilidad.
La especialista precisó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que todas las personas menores de 18 años forman parte de la infancia, por lo que cualquier actividad laboral en ese grupo exige aplicar un enfoque de protección integral.
Brechas de género
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI indica que 3.7 millones de personas de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil. De ese total, 2.1 millones desempeñaban actividades no permitidas o en condiciones peligrosas. La incidencia fue mayor en varones, con una tasa de 15.5%, frente al 10.7% en mujeres.
La mayoría de estas actividades se concentraron en los sectores agropecuario, comercial y de servicios, con distintos grados de riesgo según el tipo de ocupación y el entorno familiar o comunitario.
En el Estado de México, la tasa pasó de 10% en 2019 a 8.8% en 2022, según la misma encuesta. Aunque hubo una reducción, la entidad continúa encabezando el total de casos a nivel nacional, debido a su volumen poblacional.
Diferencias entre trabajo infantil y explotación
Es por lo anterior que Arriaga Hurtado subrayó que es necesario distinguir entre trabajo infantil y explotación. Esta última constituye un delito y puede presentarse tanto en contextos laborales como sexuales, lo cual exige intervenciones específicas desde el marco legal.
Asimismo, la especialista advirtió que el diseño de políticas públicas sigue marcado por una visión adultocéntrica que limita la participación de niñas, niños y adolescentes. Esta exclusión, señaló, es evidente en sectores como salud, educación, cultura, economía y medios de comunicación.
Para atender el trabajo infantil desde un enfoque integral, consideró urgente fortalecer los diagnósticos regionales, promover la investigación aplicada y generar estrategias centradas en los derechos de la infancia.
