Jorge Hernández
La noche del 27 de junio un narcovideo apareció en redes sociales. En esas imágenes, hombres armados que se identifican como sicarios de la Familia Michoacana, amenazan a los “vidrieros” o los “cristaleros” de Metepec, Atenco, Chapultepec y Mexicaltzingo para que se alineen. Y lanzan una sentencia de muerte en contra de un tal Mario Corrales, porque van por él.
Este grupo, de acuerdo a ellos mismos, es dirigido por el Comandante Pecha, que fungiría como el líder de los exterminadores, a quienes se les ha encomendado la captura de estos territorios para la Familia Michoacana.
La verdad es que nos parece normal que un comando de sicarios armados y encapuchados grite sentencias de muerte en contra de alguien. Y más normal parece que estas amenazas se cumplan.
Los cristaleros son los vendedores de la droga denominada “cristal” o quienes participan en los periplos de los traslados hacia otras ciudades, la frontera con Estados Unidos y el propio comercio local.
Aunque sea normal -o eso le parezca- ya a una mayoría de la población del Estado de México, evidentemente no lo es. La narcocultura ha ido metiéndose cada vez más rápidamente en la sociedad mexiquense, que ve medio boquiabierta que drogas como la mariguana se consuman libremente y que la legalización de pequeñas cantidades casi en automático la haya colocado como no perniciosa y hasta saludable para quienes la usan cotidianamente.
Se trata de la droga más producida en el sur de la entidad, la más comercializada junto con la cocaína, y las más aceptada por los distintos estratos.
Fumarla no conlleva riesgos de salud como sí el cigarro o el vino, incluso, dicen sus defensores, que el añaden un valor que nadie puede resistir: el fin de la violencia en el ciclo de comercialización de las drogas, que sucedería porque la legalización impediría matanzas, tomas de plaza, enfrentamientos entre cárteles, corrupción de autoridades y otras cosas.
Pero esto no ha sucedido. Más aún, los cárteles se han fortalecido y dominan grandes extensiones territoriales. Han diversificado sus acciones criminales y controlan instancias públicas como las fiscalías y los batallones, y trabajan para empresas privadas que requieren de actos de terror para apropiarse de bienes ajenos como la tierra.
La seguridad pública y el combate al narco es un pendiente de las autoridades tan añejo como el propio Estado de México.
Se trata del principal fracaso de Alfredo del Mazo, que desistió muy pronto de combatir al narco, más cuando le quedó claro que muchas de las investigaciones de la Fiscalía son controladas por el crimen organizado y son sus miembros quienes trabajan en esa instancia como agentes debidamente inscritos o dados de alta.
Al diablo, dijo Del Mazo, que se enfocó en sus programas sociales como el Salario Rosa, que electoralmente de poco o nada le sirvió.
La nueva gobernadora mexiquense ha prometido más y mejores policías como estrategia para combatir la inseguridad, y su planteamiento de combate al narco resulta poco menos que inexistente, apenas unas pocas palabras.
Resulta bastante inútil preguntarle si contesta como lo hace su líder, pero muy necesario porque nos daremos cuenta de cómo vienen sus políticas públicas.
El narco, en la época de Delfina, no cambiará ni disminuirá, es más, se agravará, pese a que logre la captura de los dos principales líderes de la Familia Michoacana, los superfamosos y escurridizos hermanos Jhonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, el Fish y el Fresa, quienes han evitado durante cinco años los blandengues operativos federales que se organizan para capturarlos.
Delfina estará ocupada dando seguimiento de primera mano a las elecciones Presidenciales del 2024, pues el Edomex será fundamental para ganarlas. Su primera tarea, aunque no lo diga, es ese proceso electoral.
Por el lado del Edomex, será un año que llamará de “planeación y evaluación”, lo cual quiere decir que habrá pocos cambios importantes.
El del crimen organizado, el de los cárteles de la Familia Michoacana, el de Jalisco Nueva Generación, los Rojos y otros diseminados en la entidad, no es tema menor.
Estas organizaciones ocupan 33 por ciento del territorio nacional y 75 por ciento o más de los municipios cuentan con presencia de alguna de esas agrupaciones.
¿Habrá negociaciones entre el nuevo gobierno y los capos o esta vez se decidirán a combatirlos de una vez por todas? Ya llegarán las señales.
