De cara al proceso de 2024, activistas que impulsan la Ley Sabina y madres víctimas de deudores alimentarios, solicitaron al Instituto Electoral del Estado de México que se revise el historial de quienes levantan la mano para ocupar un cargo de elección popular y eviten que, quienes se reúnan a pagar la pensión alimentaria, lleguen a la boleta.
Diana Luz Velázquez, activista en favor de la Ley Sabina, lamentó que actualmente hay al menos tres alcaldes que están acusados de violentar a las mujeres y a sus familias, entre ellos Óscar Sánchez, actual presidente municipal de Almoloya de Juárez.
“No son perseguidos políticos estos tres señores, estos señores son delincuentes, son agresores, son violentados, son hombres que ocupando sus cargos de poder violentan y revictimizan a las mujeres, revictimizan a las madres, como en el caso de Ileana, usando el tráfico de influencias”.
El caso de Alomoya de Juárez
Ileana Villagómez, madre de tres hijos del alcalde Óscar Sánchez García, lamentó que durante 10 años ha luchado para que su familia tenga de manera regular la pensión alimentaria.
Sin embargo, lamentó que el señalado sólo paga constantemente cuando se avecinan tiempos electorales.
“La situación que traigo con el presidente municipal de Almoloya de Juárez es que ahorita el señor tiene una orden de arresto por ocho horas. Él se acaba de amparar para que no puedan detener”, comentó Ileana.
Denunció que presume hay un tráfico de influencias para evitar que el edil sea vinculado a proceso.
Deudores morosos en la política
Las mujeres que empujan la Ley Sabina puntualizaron que los casos de Toluca, Santiago Tianguistenco y Almoloya de Juarez no son los únicos en la entidad, ya que han detectado que también en la zona de Los Volcanes hay violentador es que buscan ostentar un cargo público.
“Hay muchos delincuentes que pretenden ocupar cargos públicos en este proceso electoral 2024, en algunos casos reelegirse, burlando la propia Ley 3×3 y la Ley Sabina que hemos venido promoviendo para que ningún deudor alimentario ocupe algún cargo público”.
Diana Luz insistió en que deben ser los organismos públicos locales electorales los encargados de revisar las listas de aspirantes y evitar que los deudores obtengan un cargo público el próximo año.
Una vez que se tengan los listados publicados por los OPLEs, es decir, que los partidos políticos hayan registrado a los hombres a puestos de elección popular, tendrán que solicitar la información al Tribunal Superior de Justicia para saber si tienen algún expediente abierto y alguna sentencia.
“Desafortunadamente la 3de3 se queda corta en relación en que no basta que tenga un expediente abierto un agresor, tiene que tener sentencia; pero será importante visibilizar quiénes tienen expedientes abiertos”.
Las activistas destacaron que lucha por los derechos de los menores que no reciben una pensión alimentaria por omisión del padre es creciente, por lo que es necesario que las víctimas rompan el silencio y evidencien a los deudores.
Deudores alimentarios en Edomex
Pero no sólo los servidores públicos optan por no cumplir con sus obligaciones, pues en el Estado de México se han abierto este año 2 mil 593 investigaciones por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
En tanto, sólo en 2022, se tramitaron 12 mil 362 juicios de pensión alimenticia, lo que se configura como delito y podría castigarse con tres años de cárcel.
En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de México, desde su creación a la fecha, han sido inscritas un total de 561 personas como Deudores Alimentarios Morosos, de éstas 534 han sido hombres y 27 mujeres; es decir, 95 por ciento de los deudores alimentarios, son hombres.
