Los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD en el Estado de México exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que se actúe conforme a Derecho en los casos de los alcaldes que están prófugos y que no se politice la justicia.
A través de un comunicado, Anuar Azar, Éric Sevilla Montes de Oca y Agustín Barrera, de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente; hicieron hincapié en que “sería inadmisible el inicio de una persecución política en contra e los ediles de oposición del Estado de México”.
Este posicionamiento se hace a cuatro días de que se liberara una orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Toluca, Raymundo N., por su presunta participación en el delito de secuestro exprés en contra de su exsuegro.
Los dirigentes de los partidos que conformaron la coalición Va por el Estado de México en las pasadas elecciones, se posicionaron en favor de que se apliquen los principios de presunción de inocencia, imparcialidad y proporcionalidad por sus actuaciones contra cualquier persona.
“Rechazamos que se judicialice la política o se politice la justicia porque ninguno de esos es positivo para los y las mexiquenses”, se lee en la misiva.
Tres alcaldes en Edomex con problemas legales
En el Edomex son tres los alcaldes que enfrentan problemas legales, dos de ellos se mantienen evadidos de la justicia.
Se trata de Raymundo N., acusado de secuestro exprés ocurrido el 12 de abril en agravio de su exsuegro, quien fue detenido por elementos de la policía municipal, retenido en galeras y presuntamente golpeado.
El viernes de la semana pasada la Fiscalía General de Justicia mexiquense implementó operativos simultáneos en cinco inmuebles relacionados con el alcalde de la capital mexiquense, sin que se lograra su captura.
En tanto, el presidente municipal de Santiago Tianguistenco, Diego N., se encuentra prófugo de la justicia luego de que una de las empleadas del Ayuntamiento lo denunciara por violación sexual.
Desde que se levantó la denuncia, Diego N. optó por ser un alcalde virtual pues atendía las sesiones de Cabildo a través de internet.
Sin embargo, luego de que la víctima hiciera pública su denuncia al considerar que el proceso estaba entorpecido y que no había justicia, el acusado decidió solicitar la separación temporal del cargo la semana pasada.
Finalmente, Óscar Sánchez García, primer edil de Almoloya de Juárez, debe pasar ocho horas de arresto por desacato a un mandamiento judicial que derivó de un juicio por pensión alimenticia.
Este alcalde está ya inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por sus negativa a pagar la parte proporcional de la manutención de tres de sus hijos.
