En el Estado de México 319 mil niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años realizan trabajo infantil, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En ese escenario, en el Congreso mexiquense se presentó una iniciativa que busca tipificar la explotación infantil cuando personas menores de edad sean utilizadas para pagar deudas o sometidas a servidumbre.
La propuesta fue presentada por la diputada Miriam Silva Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y plantea reformas al Código Penal estatal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El proyecto busca sancionar la entrega, retención o condicionamiento de niñas, niños y adolescentes para someterlos a servidumbre, trabajo forzoso, matrimonio forzado o cualquier otra forma de explotación como forma de pagar una deuda, garantizar un adeudo o cubrir una reparación del daño.
Explotación infantil en el Estado de México
Según el INEGI, los 319 mil menores que realizan trabajo infantil en el Estado de México representan alrededor del 8.8 por ciento de la población de entre cinco y 17 años en la entidad.
El mismo estudio señala que 92.5 por ciento de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas realiza actividades consideradas peligrosas, es decir, labores que pueden afectar su desarrollo o su integridad.
Además, 12.2 por ciento de niñas, niños y adolescentes que trabajan lo hacen para ayudar a cubrir deudas del hogar, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
Estas cifras colocan al trabajo infantil en Edomex como uno de los fenómenos que autoridades y especialistas buscan atender desde distintos frentes, entre ellos el ámbito legislativo.
Servidumbre por deudas en la legislación
A partir de este contexto, la iniciativa presentada en el Congreso mexiquense propone incorporar en la legislación estatal el concepto de servidumbre por deudas.
En el documento se define como la situación en la que una persona menor de edad se ve obligada a prestar servicios personales o realizar trabajo para cubrir una deuda real o supuesta de un tercero, sin que exista un plazo definido para terminar esa obligación o sin que el valor del trabajo se aplique a la liquidación del adeudo.
La propuesta también plantea que la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México tenga atribuciones para prevenir, detectar y atender casos relacionados con este tipo de prácticas.
Qué plantea la iniciativa del PVEM
El proyecto establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes incurran en estas conductas.
La sanción podría aumentar hasta en una mitad cuando la persona deudora, quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o cualquier persona con autoridad o parentesco con la víctima cometa el delito.
La pena máxima podría alcanzar 30 años de cárcel.
También se contemplan agravantes cuando la explotación infantil se cometa contra niñas, niños o adolescentes pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, cuando se encuentren en situación de pobreza extrema o marginación o cuando exista engaño, abuso de poder, violencia o coacción.
Además, la iniciativa establece sanciones de seis meses a tres años de prisión para quien ejerza violencia contra familiares directos, hijas o hijos menores de edad, personas adultas mayores dependientes o cualquier persona relacionada con la persona deudora con el objetivo de exigir el pago de una deuda.
