En la Primera Sesión Ordinaria 2024 Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las fiscalías expresaron su firme oposición a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.
La polémica inició en diversos sectores después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciara que están analizando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la suspensión de la prisión preventiva oficiosa.
Esta semana, el gobierno federal y gobernadores de Morena se manifestaron en contra de suspender esta medida cautelar.
Este viernes, Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional en representación del Fiscal General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, resaltó que Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, han aprobado un acuerdo en rechazo a una jurisprudencia sobre la demanda de amparo.
¿Qué pasaría con la suspensión de la prisión preventiva oficiosa según las fiscalías?
Esta jurisprudencia ordena suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, entre otros.
En respuesta, la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia rechazan enérgicamente dicha resolución. Advierten que ponerla en práctica pondría en peligro inmediato a las víctimas de estos delitos, así como a los ofendidos y a sus testigos.
Además, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos.
La eliminación de la prisión preventiva oficiosa tendría efectos negativos en el sistema de justicia, desde el retardo en la conclusión de los casos hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares.
La prisión preventiva oficiosa, actualmente aplicada en México, no contempla la revisión de caso por caso como lo sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar violaciones a los derechos humanos.
