Policías del Estado de México se manifestaron en el Tribunal de Justicia Administrativa para denunciar que, pese a que la seguridad de los mexiquenses recae en sus hombros, las condiciones de trabajo que les ofrecen son pobres.
Con los cambios adscripción, falta de armamento así como de capacitación, que se conjugan con una avanzada de la violencia en la entidad, lamentan, sus esfuerzos no son suficientes para salvaguardar la seguridad de los y las ciudadanas.
Rigoberto López Valdés, coordinador nacional de Ciudadanos Uniformados, una asociación civil encargada de la defensa de los derechos policiales, lamentó que, pese a que se ha denunciado la situación, no han logrado mejorar las condiciones en las que exponen su vida por el bienestar de otros.
Destacó que el problema más sentido es el de los cambios de adscripción, pues la situación impacta directamente en la calidad de vida de los uniformados y en su gasto corriente.
“No tenemos una certeza los policías, una certeza jurídica en donde se les deje conscientemente en un lugar cercano, en un municipio cercano a donde residen porque no gana mucho el policía, 700 pesos se gastan por turno, si son ocho turnos, 5 mil 600 de gastos quincenales, ¿eso qué significa? ¿le alcanza para la familia? ¿para cubrir los gastos familiares? ¿la manutención? ¿la escuela, zapatos, ropa? Tenemos que ver el sentido humano del policía ¿no?”.
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Durante 2022 y lo que va de 2023, señaló el representante de Ciudadanos Uniformados, han presentado más de 300 casos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la mayoría por cambios de adscripción, pues hay policías de Texcoco que trabajan en el sur de la entidad; sin embargo, la mayoría continúan en litigio.
También hay quienes están esperando la resolución de sus expedientes tras un accidente en horas de trabajo, como Cristina. Ella chocó cuando iba a bordo de una patrulla municipal de Tonatico rumbo a una capacitación con sus compañeros; en el accidente resultó con fractura de varios huesos de la pierna derecha por lo que usa andadera, pese a ello, su incapacidad permanente no ha sido dictaminada.
“Se ha ignorado mi caso, tanto en el municipio, tanto que ya está aquí en tribunal y la verdad se tardan bastante y uno tiene bastantes gastos como para estar todavía un año, dos años Sí nos gustaría que el gobernador Alfredo del Mazo que nos apoye de verdad ya que el ISSEMyM no pone mucho de su parte para que también no lleguemos a este tipo de tribunales”.
Los uniformados reconocieron que todos los días salen de la casa donde dejan a sus seres queridos con un pie en la cárcel y uno en la tumba, por lo que exigen que se les dote de condiciones dignas y capacitación constante para hacer frente al embate de la delincuencia en tierras mexiquenses.
