Jorge Hernández
Toluca, México.- Hay un tema que las candidatas a la gubernatura del Estado de México, la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral, no han tocado. Se trata del narcotráfico, un problema que se ha metido en la estructura del gobierno estatal y los municipales y que por años se ha solapado.
La Fiscalía, se sabe, es un brazo operativo del narco, que va cambiando de bando de acuerdo a los panoramas que le conviene. Se trata de una de las problemáticas más importantes en las que se involucran las fuerzas armadas como parte de los cárteles, incluyendo a la Guardia Nacional.
Se cree que en el sur del Estado de México el narco, con la Familia Michoacana desde hace más de 10 años, ha instalado un imperio que de siembra y trasiego que se ha extendido por el norte de Guerrero y Michoacán, cuyas fronteras forman el Triángulo de la Muerte o de la Brecha, la famosa Tierra Caliente.
Ahí, la Familia Michoacana también impone su ley en la política porque es el cártel el que decide a los candidatos que competirán, pone y quita funcionarios municipales y controla las vías de comunicación, así como el comercio en general, que incluye secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones y otras acciones que han ido cerrando las puertas del sur mexiquense al resto de la población, que sabe que ir allá es tan peligroso como adentrarse en una zona en guerra.
Los últimos cuatros años han sido, precisamente, una guerra. Se ha terminado de asentar otro cártel, el de Jalisco Nueva Generación, que un principio disputaba las plazas sureñas pero que después ha terminado por aliarse con los michoacanos.
Comprendieron que es mejor compartir que combatirse y en esa alianza se han incluido las estructuras públicas que apoyan a los narcotraficantes, que por más que son perseguidos, capturados e incluso abatidos, no hay signos de debilitamiento en las organizaciones criminales.
A la Fiscalía mexiquense, Amnistía Internacional la ha calificado como una instancia inepta y corrupta a la que bien vale la pena realizarle un análisis profundo, y después una limpia. Eso es lo que quisiera la ciudadanía porque es la directamente afectada por la corrupción de esa Fiscalía, que encabeza hoy José Luis Cervantes, un peñista que llegó con la anuencia de los diputados de Morena a ese lugar, propuesto por el gobernador priista Alfredo del Mazo, a quien se le califica como el morenista más comprometido del tricolor.
En fin, Cervantes no fue enviado para resolver problemas sino para tartar de dejar lo menos sucio posible el negro archivo de la Fiscalía.
Morena, que de acuerdo a encuestas propias y ajenas, ganará las elecciones del 4 de junio, -aunque los propios morenistas aceptan que la diferencia con el PRI es de apenas cuatro puntos- encuentra a nivel nacional uno de sus talones de Aquiles en el narco y en la protección sumaria que se ha dado al ejército desde la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que fue construyendo una administración que depende en absoluto de las fuerzas armadas para casi todo. Por años, Estado, narco y ejército han sido sinónimo de lo mismo y hoy lo sigue siendo.
Del Moral y Gómez entienden perfectamente el lugar que ocupa la delincuencia organizada y el narco en las estructuras de gobierno, pero aunque lo entiendan o por lo menos lo sepan, no quiere decir que podrán resolverlo o combatirlo.
¿Cómo no podrían, se pregunta uno ingenuamente, cuando el poder de las armas lo detenta el Estado? ¿Son más fuertes los narcos que los soldados o los marinos?
La respuesta es que los cárteles no pueden existir sin el apoyo del gobierno y que el negocio de la violencia y de la droga misma es uno de los tres más redituables del país, y puede compararse con lo que Pemex y las remesas de los migrantes producen. Eso. Ingenuamente.
