Elementos de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México, CUSAEM, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que se les de un nombramiento como policías del estado ya que, denunciaron, llevan ocho años en un limbo legal, trabajando como seguridad privada en todo el país pese a que son parte de un órgano estatal del Edomex.
Durante la protesta entregaron un pliego petitorio al Poder Ejecutivo con el que exigen, además de ser reconocidos como cuerpos de seguridad, que se les paguen prestaciones y sueldos dignos, pues del total de 30 mil elementos, la mayoría gana apenas 6 mil pesos mensuales con prestaciones limitadas.
Asimismo, exigieron una audiencia con la gobernadora Delfina Gómez.
Maribel Estrada, representante legal de los elementos, lamentó que quienes ofrecen sus servicios a través de CUSAEM están expuestos a bajos salarios así como malas condiciones laborales, lo que genera un clima de incertidumbre.
“Vinimos a darle conocimiento de los temas de CUSAEM que es un limbo legal, pura corrupción, puro abuso de confianza y enriquecimiento ilícito por parte de los comandantes. Sus funciones son intramuros, servicios a puertas, accesos, atención a usuarios como, por ejemplo, oficinas de gobierno, peatones, no hacemos de seguridad pública o vial, pero sí lo hacemos intramuros”.
Destacaron que, tras manifestarse el 14 de septiembre durante la toma de protesta de Delfina Gómez como gobernadora, sufrieron represalias y 15 integrantes de CUSAEM fueron dados de baja por sumarse a las manifestaciones.
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“Esto es algo pequeño de los 30 mil, sólo son algo pequeño, los tienen amenazados, hoy no los dejaron salir”.
El limbo legal del CUSAEM
Se estima desde la Legislatura mexiquense que CUSAEM obtiene recursos anuales por 3 mil millones de pesos a través de diversos contratos con los que vigilan edificios públicos y privados, incluso centros comerciales y fraccionamientos; sin embargo, su aplicación o destino ha sido uno de los puntos por lo que la fracción parlamentaria de Morena propuso desde 2022 crear un marco jurídico que regule el organismo y que transparente sus recursos.
