El sector empresarial del Estado de México se posicionó en contra de los parquímetros virtuales que se han implementado en diversas colonias de Toluca al considerarlo un programa poco transparente y que ha causado pérdidas económicas, y disrupción.
A través de un comunicado, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edomex (CONCAEM), la Asociación de Estacionamientos del Estado de México, la COPARMEX Edomex, la Canirac, el Patronato Pro Centro Histórico, asociaciones industriales, entre otras, sostuvieron que sólo la apertura al diálogo puede generar acuerdos y beneficio común, y lamentaron que, al momento, éste no ha podido generarse por parte de las autoridades del municipio de Toluca para responder a las demandas ciudadanas a fin de tener condiciones dignas para el desarrollo de las actividades.
Asimismo, condenaron la detención de ciudadanos y las agresiones de las que fueron víctimas.
“Desde su puesta en marcha, continúa la interrogante del destino de los recursos obtenidos de la aplicación de este programa y los beneficios que debieran ser visibles a la comunidad”.
Señalaron que los parquímetros virtuales, lejos de abonar como detonante de la actividad económica y la mejora vial de la capital mexiquense, “han afectado las posibilidades de desarrollo comercial, la convivencia en zonas habitacionales y ha generado abusos recurrentes por parte de las autoridades de tránsito municipal”.
Asimismo, condenaron el uso desproporcionado de la fuerza pública, la falta de apertura al diálogo por parte de la autoridad, a pesar de la solicitud recurrente de una mesa de trabajo, además de que se ha registrado la detención ilegal de vecinos y comerciantes.
“La comunidad demanda una solución del tema del ambulantaje en el Centro Histórico de Toluca, el cuál ha crecido dramáticamente a raíz de un programa -mal diseñado- de peatonalización y el aumento del comercio informal en todo el municipio, que afecta las ventas de los comercios establecidos y la inversión formal”.
Por ello, señalaron, el sector empresarial solicita la intervención de las autoridades estatales en materia de seguridad, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación de sus ideas y la obligación de la autoridad de atender los reclamos de la comunidad.
