Mónica Rosales Valeriano fue sentenciada sin pruebas, acusa su familia, a 47 años de prisión por homicidio calificado. Por ello, Sandra, su madre, levantó su voz para clamar la inocencia de su hija y denunciar lo que consideran un proceso judicial fabricado.
La familia de Mónica sostiene que la sentencia carece de pruebas contundentes en su contra y que su condena se basó en declaraciones sin sustento.
Según Leticia González Fernández, la representante legal de Mónica, el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se fundamenta únicamente en la declaración del primer respondiente, un oficial municipal que nunca vio a Mónica en la escena del crimen.
Además, el testimonio de un segundo testigo es ambiguo y otro testigo de prueba no reconoce haber conocido a Mónica.
Carencias en la investigación
Otro aspecto crítico del caso es la falta de evidencia médica que respalde la causa de muerte del supuesto agraviado.
Según González Fernández, el fallecido presenta una herida en la axila que no concuerda con la presunta causa de muerte por disparo. Esta discrepancia plantea serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones.
Luchan por Mónica, sentenciada sin pruebas
Mientras Mónica permanece recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, su familia y defensa legal están tomando medidas para impugnar la sentencia.
Han presentado una denuncia contra la Policía de Investigación por falsedad de declaraciones y han solicitado al Poder Judicial del Estado de México que revise a fondo el caso.
Además, hacen un llamado a la gobernadora Delfina Gómez para que se haga justicia y se aplique la ley de manera imparcial y basada en pruebas sólidas. La lucha por su libertad continúa, afirman, en busca de un fallo que haga honor a la verdad y la justicia.
